Compras públicas sostenibles y valor por dinero en RD
Abogado Máximo Calzado Reyes.
Por Máximo Calzado Reyes
En los últimos años, nuestro país ha dado pasos trascendentales hacia la construcción de un sistema de compras públicas moderno, transparente y orientado al desarrollo sostenible. Lo que antes era un simple procedimiento administrativo para adquirir bienes y servicios, hoy se perfila como una herramienta estratégica del Estado para impulsar la innovación, proteger el medio ambiente, dinamizar la economía local y fortalecer la confianza ciudadana.
El punto de partida de esta evolución se encuentra en el Decreto No. 617-22, el cual, en su artículo 1, declara de interés nacional la promoción de las compras públicas sostenibles e inclusivas. Este instrumento consagra una visión avanzada del gasto público: la contratación no solo debe satisfacer necesidades institucionales, sino también generar beneficios sociales y ambientales tangibles, reduciendo el impacto ecológico y potenciando el bienestar de las comunidades.
Posteriormente, el Reglamento No. 426-23 marcó un nuevo hito al introducir el concepto de valor por dinero. Inspirado en las mejores prácticas internacionales de la OCDE, el Banco Mundial y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), este enfoque redefine la noción de eficiencia estatal. Ya no se trata del “menor precio”, sino de la combinación óptima entre costo, calidad, riesgo y sostenibilidad.
Este proceso de transformación culmina con la promulgación de la Ley No. 47-25, que deroga la antigua Ley No. 340-06, sustituyendo una visión meramente procedimental por un marco legal proactivo, estratégico y sostenible.
La nueva ley no solo amplía su objeto y alcance, sino que integra principios de sostenibilidad, inclusión, desarrollo local, innovación, gestión digital, integridad y valor por dinero, elevando así el estándar ético y técnico de la gestión pública.
Sin embargo, más allá del avance normativo, el verdadero desafío está en la práctica. La República Dominicana aún enfrenta retos estructurales que impiden que esta revolución normativa se traduzca plenamente en resultados tangibles. Persisten brechas institucionales, técnicas y culturales que deben ser superadas con decisión política y compromiso ético.
En síntesis, hemos avanzado de manera firme hacia la profesionalización y sostenibilidad del sistema de compras públicas. Pero aún queda un paso crucial: cerrar la brecha entre la norma y la realidad, entre lo que está escrito y lo que se vive en la práctica. “La contratación pública no es solo un acto administrativo: es una decisión política, moral y social que refleja cómo un Estado invierte en el bienestar de su gente”.
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