Funglode abre conferencia sobre la libertad de expresión y regulación de la internet
El jurista español, especialista en libertad de expresión, Joan Barata, analizó en Funglode los desafíos de las grandes plataformas y la moderación de contenido.
Santo Domingo. La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) organizaron la conferencia magistral “Libertad de expresión, grandes plataformas, regulación y modernización de contenidos” para impulsar la democracia participativa y mejorar los marcos legales en el entorno digital.
El experto internacional Joan Barata, miembro del Center for Democracy and Technology y del consejo asesor de seguridad de TikTok para Europa, fue el conferencista central en un evento de Funglode que contó con la presencia de su presidente, Leonel Fernández.
Durante su intervención, el reconocido experto internacional Joan Barata, especialista en regulación de medios y libertad de expresión, explicó la importancia de distinguir jurídicamente entre intermediarios digitales y medios de comunicación tradicionales al momento de diseñar marcos regulatorios.
Barata señaló que plataformas como YouTube funcionan como intermediarios tecnológicos que facilitan la publicación de contenidos generados por terceros, mientras que los periódicos ejercen control editorial directo sobre lo que publican. “Es fundamental tener clara la diferencia entre quién es un intermediario y quién no lo es cuando se habla de regulación de medios de comunicación”, indicó.
Subrayó que es una tarea pendiente de los gigantes tecnológicos y el estado juega un papel en velar por el ecosistema digital. En el plano de los fake news y la difusión de noticias de odio, explicó que, como elemento generacional, la generación joven distingue muy bien ‘el grano de la paja’, es decir, analiza lo fundamental de lo irrelevante, contrario a la generación más adulta.
Barata también advirtió sobre lo que definió como la «tentación autoritaria» de algunos Estados y países que han respondido a los desafíos digitales con leyes que penalizan conductas ambiguas como «difundir rumores» o «alterar la paz pública» en internet.
En el módulo dedicado a la seguridad de periodistas, el magistrado Claudio Aníbal Medrano abordó los estándares jurídicos internacionales que protegen el ejercicio del periodismo y destacó la importancia del secreto profesional y la protección de las fuentes informativas. Explicó que la Constitución dominicana reconoce este principio y que su preservación resulta esencial para garantizar la función social del periodismo.
Medrano también subrayó que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar los ataques contra periodistas. En ese sentido, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido criterios que obligan a los Estados a desarrollar políticas públicas, marcos legislativos y mecanismos institucionales que aseguren la protección de la libertad de expresión y la integridad de los comunicadores.
La sesión de discusión metodológica, dirigida por representantes de la Escuela Nacional de la Judicatura, permitió a los participantes analizar cómo incorporar de manera práctica estos módulos formativos en los programas de capacitación dirigidos a jueces, fiscales y defensores públicos. El objetivo fue elaborar un plan de acción para el uso y difusión de estos materiales en el sistema judicial dominicano.
Durante el encuentro también participaron Elena Nápoles, representante de la UNESCO, y Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la UNESCO, quienes resaltaron la importancia de fortalecer las capacidades de los operadores judiciales en materia de libertad de expresión y protección de periodistas. Asimismo, Aniberky Mateo, en representación de IGLOBAL, reiteró el compromiso de la institución con la formación jurídica y la promoción de estándares internacionales de derechos humanos.
El taller, que se desarrolló durante dos días en la sede de Funglode, forma parte de la iniciativa global de formación judicial de la UNESCO, que busca fortalecer el Estado de derecho mediante herramientas pedagógicas especializadas para operadores de justicia.
Con la conclusión de esta jornada, las instituciones organizadoras avanzan en la validación técnica y contextualización nacional de los módulos formativos, con miras a su futura implementación en los programas de capacitación judicial en la República Dominicana
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