Informe señala: Inversionistas extranjeros denuncian sobornos dominicanos y retraso en pagos gubernamentales
Santo Domingo. Inversionistas extranjeros denuncian reiteradas y sistemáticas solicitudes de sobornos en República Dominicana, así como corrupción generalizada, burocracia excesiva, deficiente aplicación de los derechos de propiedad intelectual y retrasos en los pagos del Gobierno, entre otros problemas, según un informe del Departamento de Estado.
Bajo el título “Declaraciones sobre el clima de inversión 2021: República Dominicana”, el texto sostiene, por ejemplo, que las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana “a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero“.
Asimismo, que estas y los inversionistas estadounidenses “han expresado su preocupación de que la corrupción en el Gobierno, incluido el poder Judicial, continúe limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana”.
Al respecto, denuncia que “los inversionistas extranjeros se han quejado de que el sistema Judicial local no es confiable, está predispuesto en su contra, y que los intereses especiales y las personas poderosas pueden utilizar el sistema legal a su favor”.
Si bien el Gobierno ha establecido programas formales para atraer Inversión Extranjera Directa (IED), añade, “la falta de reglas claras y la aplicación desigual de las reglas existentes pueden generar dificultades”.
“Muchas empresas -prosigue el informe- denuncian que los procedimientos para resolver expropiaciones carecen de transparencia y, para un extranjero, pueden parecer anticuados. Los funcionarios gubernamentales rara vez, o nunca, son responsables por no pagar una reclamación reconocida o por no pagar de manera oportuna”.
Recuerda que en agosto de 2020, la administración del presidente Luis Abinader lanzó oficialmente la Dirección General de Asociaciones Público Privadas (APP) como la oficina gubernamental responsable de planificar, ejecutar y supervisar proyectos de inversión financiados a través de este mecanismo que bien puede fomentar -destaca- “proyectos de infraestructura de alta calidad y ayudar a catalizar el crecimiento económico impulsado por el sector privado”.
En el capítulo dedicado a la corrupción comienza por reconocer que el país “tiene un marco legal que incluye leyes y reglamentos” suficientes para combatir el flagelo, pero que hasta ahora “la aplicación de las leyes existentes suele ser ineficaz”.
“La falta de voluntad política para enjuiciar a las personas acusadas de corrupción, en particular las personas bien relacionadas o los políticos de alto nivel”, es una convicción, apunta.
“Las empresas estadounidenses -se repite en el informe- identificaron la corrupción como una barrera para la Inversión Extranjera Directa y algunas empresas informaron haber sido requeridas por funcionarios públicos que reclamaban sobornos. Los inversionistas estadounidenses indican que la corrupción ocurre en todas las fases de la inversión, no solo en la contratación pública o durante el proceso de adjudicación de licitaciones o concesiones, como se suele alegar”.
Recuerda el caso Odebrecht y los 92 millones de dólares que esa empresa brasileña admitió haber pagado en sobornos para obtener contratos de obras públicas y alerta que hay voces en el país que aseguran percibir “falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucró a las élites políticas y económicas del país”.
Deja constancia que el presidente Abinader “ha dejado claro” desde su investidura que la lucha contra la corrupción es una de sus prioridades y que por ello “nombró a funcionarios con reputación de profesionalismo e independencia, incluido un defensor de carrera contra la corrupción que ahora se desempeña como jefe de la Dirección General de Contratación Pública”.
Además, creó la Dirección de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público e implementó otras medidas administrativas y legislativas que deben incrementar los mecanismos de auditoría interna, se felicita.
Destaca que la Procuraduría General de la República detuvo a 11 exfuncionarios y presuntos testaferros, incluidos dos hermanos del expresidente Danilo Medina, como parte del “operativo Anti-pulpo” contra la corrupción.
Se les acusa a los hermanos Medina Sánchez detenidos “haber utilizado sus vínculos familiares” para obtener un acceso privilegiado al proceso de contratación pública y, en consecuencia, de haber acumulado fortunas ilícitamente durante la pasada administración”.
También reconoce que la sociedad civil ha sido una voz crítica en las campañas anticorrupción hasta la fecha y que varias organizaciones no gubernamentales están “particularmente activas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, en particular la Fundación para la Institucionalización y la Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana (Participación Ciudadana) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO)”.
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