Observatorio Educativo sugiere al MINERD no recibir presión de grupos empresariales para reapertura de clases presenciales
Profesor Juan Valdez, presidente de la Asociación Dominicana de Docentes de Inglés de la República Dominicana.
Santo Domingo. El Observatorio Educativo que dirige el profesor Juan Valdez pidió a las autoridades del Ministerio de Educación no ceder a presiones de grupos empresariales, que solicitan con urgencia la reapertura de las clases presenciales, por considerar que no existen las condiciones físicas, ni sanitarias para cumplir con el protocolo anti COVID-19 que garantice la salud a toda la comunidad educativa.
“Es muy preocupante y desorientador la exigencia de la reapertura de las escuelas por parte de grupos empresariales bajo el argumento de que no se está garantizando la calidad con la educación a distancia, y/o más alarmante es toda la desinformación, los intereses unilaterales y los mitos educativos y de salud, en los que se basan estas solicitudes”, subrayó.
El observatorio consideró que la vuelta a la escuela presencial en estos precisos momentos y en las condiciones de infraestructura física que mantiene la mayoría de los centros educativos del país, implicaría poner en mayor riesgo la vida de los estudiantes y docentes del sistema educativo nacional.
En tal sentido, el profesor Juan Valdez consideró que la realidad educativa que vive el país, más bien podría aprovecharse para desarrollar competencias blandas en favor del futuro de los estudiantes y el contenido de asignaturas formales que se imparten en el sistema tradicional.
Valdez dijo que los empresarios que abogan por el urgente regreso a clases presenciales, basándose en una supuesta preocupación por la calidad de los aprendizajes, mantienen una visión educativa del siglo XVIII, que concibe a la escuela con una mentalidad industrial, en la cual los estudiantes y docentes son considerados como artículos de una línea de producción, que no debe parar.
De igual modo, consideró que la educación no es sólo un tema de matemáticas, ciencias, lenguaje y economía, sino, que preservar la vida y educar para la vida, debe siempre ser la prioridad de las autoridades de educación de la República Dominicana.
Sugirió a las autoridades educativas que antes de adoptar cualquier decisión tomen en cuenta la nota técnica realizada en diciembre pasado por la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada “Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe”, así como los resultados de las investigaciones del Observatorio Educativo.
El Observatorio indicó que la mayoría de las escuelas públicas no cuenta con las condiciones de tamaño de aulas, que permita el cumplimiento de los protocolos de distanciamiento físico, para un regreso presencial a clases de toda la matrícula de estudiantes.
“En términos de la capacidad de ofrecer condiciones básicas de saneamiento e higiene, aproximadamente uno de cada tres centros educativos no tiene suficientes baños o estos están en estado deficiente. Asimismo, el 30% de los centros carece de inodoros y lavamanos suficientes o los que tienen, están en estado deficiente; el 63% de los centros educativos no cuenta propiamente con un salón de profesores, lo cual es un espacio indispensable, para proteger a la población escolar más propensa a contraer el virus del COVID-192”, subrayó.
Con respecto a los recursos humanos, el Observatorio Educativo entiende que las dificultades para regresar a clases presenciales de muchos docentes y la implementación de modelos híbridos definitivamente van a requerir incorporar nuevos docentes.
“Actualmente, existe una escasez de profesores por distintas áreas académicas, estimado en más de diez mil docentes, sobre todo en preescolar, primaria, lenguas extranjeras, Artes y TICS. Por lo tanto, plantea que antes de decidir sobre el regreso a clases presenciales, el ministerio de educación requiere de una cuidadosa planificación de la demanda y oferta de docentes”, dijo.
En lo que respecta al acceso a las TIC, electricidad y conectividad, el Observatorio Educativo entiende que se debe de tomar en cuenta el acceso a la conectividad y a los recursos tecnológicos en los hogares y en las escuelas, que en la actualidad es muy deficiente.
“Más del 68% de las niñas y niños en edad escolar vive en hogares que no tienen conexión a Internet; mientras que el acceso masivo a internet en las aulas escolares, es muy limitado. Igualmente, las deficiencias en la provisión de electricidad a las escuelas son ampliamente conocidas. De hecho, más del 30% de las escuelas a las que sí llega electricidad en horario escolar, no cuenta con enchufes e iluminación funcional. Por lo tanto, en términos de calidad educativa, debe considerarse que esto representa un enorme desafío para la calidad pedagógica, especialmente en zonas rurales”, indicó.
Con relación al financiamiento en la educación, el Observatorio entiende que La recuperación del sector educativo requerirá del uso cauteloso de los recursos financieros adicionales que se han asignado al Ministerio de Educación, así como mejorar su distribución. “Las enormes desigualdades para un eventual regreso presencial a clases, ponen en foco la necesidad de incorporar criterios de equidad y de priorización de poblaciones vulnerables.
En este sentido, consideró que el financiamiento de la educación, así como una asignación de recursos equitativa y eficiente son claves, para garantizar el derecho a una educación de calidad para todos”, subrayó.
Dijo que para considerar la vuelta a clases presenciales, el Ministerio de Educación requiere sistemas de información para la gestión educativa robustos que permitan planificar, formular y administrar sus estrategias y protocolos y el Estado tiene la urgente necesidad y la responsabilidad de planificar y definir acciones prioritarias, más allá de las presiones e intereses de grupos empresariales, para poder garantizar la seguridad de las operaciones escolares y priorizar la atención educativa a las poblaciones más vulnerables.
Advirtió que las respuestas educativas ante la pandemia del COVID-19 no deben ser guiadas por intereses empresariales, ni por las perspectivas sesgadas de algunos centros educativos privados, sino que debe estar basada en los principios fundamentales de la ciencia, la inclusión, la equidad y la no discriminación; pero, sobre todo, en lo prioritario que debe ser para el Estado Dominicano preservar las vidas de los más de 2.3 millones de estudiantes y docentes del sistema escolar público, ya que no se educa para la escuela, sino para la vida, señala el informe del Observatorio Educativo.
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