En riesgo 28 mil millones de dólares por COVID-19 en R. Dominicana
Santo Domingo. El economista y docente Pavel Isa Contreras, investigador del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), consideró que los US$28,000 millones de ingresos corrientes que percibe anualmente la economía dominica, un tercio de su producto interno bruto (PIB), están en riesgo por la pandemia COVID-19.
Isa Contreras precisó que el contexto internacional en el que apareció la pandemia COVID-19 ya era malo para las economías.
“Agarra las economías mundiales en un momento delicado, no de alzas sino de bajas. El efecto que tendrá la pandemia en la economía es todavía muy incierto, los datos son todavía muy incipientes, el escenario es muy negativo, pero la dimisión del daño es todavía incierta”, sostuvo.
Recordó que la economía dominicana «se vincula al comercio internacional con exportaciones nacionales (US$4,400 millones), para un 17% de los ingresos corrientes; zonas francas (US$5,700 millones) de exportaciones brutas, 23% de los ingresos de balanza de pagos; aproximadamente US$8,500 millones en servicios, de los cuales US$7,500 provienen del turismo, para un 33% de los ingresos corrientes; y las remesas US$6,400 millones, un 25% de los ingresos”.
Se expresó así durante el webinar “Implicaciones económicas que tendría el Coronavirus COVID-19 en República Dominicana”, organizado por el INTEC.
Isa Contreras ponderó que claramente el mayor impacto se dará en economías más dependientes del comercio, del turismo y de los servicios, en comparación con economías que están insertas en el comercio internacional a través de la producción y colocación en los mercados de bienes.
Salarios mayores de 100,000 a 200,000 pesos
Rafael Espinal, coordinador de la Escuela de Economía de la universidad, puntualizó que la situación genera «un sacrificio de todos», pero que en la actualidad los empleados privados están suspendidos mientras los públicos no.
Por lo mismo, dijo que el Gobierno dominicano tiene que considerar disminución de salarios a empleados públicos con salarios mayores de 100,000 a 200,000 pesos y en escala de recortes proporcionales, sucesivamente.
“El Gobierno no tiene capacidad para mantener programa de asistencia social y mantener intacta la nómina pública. Hay empleados que tienen cierto nivel de salario que pudiera ser recortado transitoriamente para flexibilizar el gasto público, en aquellos trabajadores que ganan salarios mayores de 200,000 pesos hacer recortes proporcionales como existe el impuesto sobre la renta, para contribuir a disminuir los gastos del Estado que está abultado por la parte sanitaria y de los programas sociales”, resaltó Espinal.
Además, destacó como retos del Gobierno la seguridad alimentaria, plan de apoyo a la producción agrícola, la informalidad que afecta que algunos ciudadanos sean incluidos en el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) y la exclusión de algunos sectores en los programas de asistencia social.
En el webinar participaron, además, Juan Manuel Sontag, director general de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd); Richard Medina, director del Gabinete Ministerial y asesor financiero del Ministerio de Hacienda y Magdalena Lizardo, directora ejecutiva en Grupo de Consultoría Pareto y docente de Economía y Negocios del INTEC. La actividad fue moderada por Armando Barrios, decano del Área de Economía y Negocios del INTEC.
Pobreza y desempleo
La economista Magdalena Lizardo advirtió que la población dominicana es vulnerable a caer en condiciones de pobreza y pobreza extrema ante cualquier impacto. Explicó que para el 2019 cerca de 2.1 millones de personas vivían en un estado de pobreza, y aproximadamente 248 mil personas vivían en pobreza extrema.
La docente del INTEC señaló que hasta el momento se reporta que alrededor de 59,225 empresas han interrumpido la relación laboral, de esas 36,704 se habían acogido a FASE, es decir, casi el 40% de las empresas registradas en la Tesorería de la Seguridad Social y que trabajadores con contratos suspendidos ascendían a 655,725.
Explicó que el Gobierno se ha empeñado en que las suspensiones no se traduzcan en desempleo, pero cuestionó lo que sucederá después de mayo mes hasta donde dura FASE, y hasta el retorno a cierta normalidad en el ámbito económico.
Medidas adoptadas por el Gobierno
Richard Medina, director del Gabinete Ministerial y asesor financiero del Ministerio de Hacienda, precisó que el Gobierno ha asumido medidas de contención ante el COVID-19 que se enfocan en reducir la propagación del virus y en evitar un colapso del sistema de salud.
“Las medidas que se han dispuesto para mitigar la situación económica que se ha generado con el Coronavirus van dirigidas tanto a empresas como a individuos.
A nivel de empresas tenemos tres grandes rubros: el área fiscal, de crédito y monetaria. A nivel de individuos se lanzaron los programas Quédate en casa y el FASE”, explicó el funcionario.
Puntualizó que a través de la tarjeta Comer es Primero, se aumentó la transferencia a 5,000 pesos, con lo que se estarán impactando 1.5 millones de hogares y en FASE se inscribieron los empleados formales que fueron suspendidos para recibir una transferencia que va de 5,000 a 8,500 pesos.
Medina dijo que el Gobierno ha manejado con prudencia los recursos del Presupuesto, pese a los programas de asistencia social aprobados para ayudar a la población. “Entiendo que lo que está buscando el Gobierno es ser lo más prudente y austero posible, a la vez que trata de maximizar la cantidad de personas que reciben algún tipo de apoyo”, señaló, al tiempo de aclarar que se trabaja dentro de los límites establecidos en el Presupuesto Nacional.
Asimismo, Juan Manuel Sontag, director general de Desarrollo Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), sostuvo que las medidas asumidas por el Gobierno tratan de asegurar que las personas puedan mantener sus empleos, que los hogares cuenten con niveles de ingresos mínimos para gastos básicos y que las empresas sobre todo las Mipymes cuenten con liquidez para pago de servicios básicos y tratar de garantizar que la crisis no pase de económica a financiera.
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