Contrato por RD$600 millones entre Inafocam y empresa PTS va a los tribunales

Santo Domingo.  Un acuerdo entre Inafocam y una institución privada de servicios de formación en inglés es cuestionado por la Contraloría General y las Direcciones de Presupuesto y Contrataciones Públicas y ahora se debatirá en los tribunales, según reveló El Informe con Alicia Ortega.

Cinco meses después de la presentación en el Palacio Nacional del Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés, 2021-2024, que evaluaría, capacitaría y acompañaría a los docentes de ingles del nivel primario en el sistema escolar público, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, Inafocam, firmó con una empresa privada un contrato por casi 600 millones de pesos.

Se trata del acuerdo con la empresa Valdez Professional Training Systems, PTS, por servicios de formación para la implementación del programa “Bachilleres Bilingües Productivos”, también para capacitación de profesores, a un costo de 598 millones de pesos.

El contrato, de apenas tres meses de duración, sería pagado en dos partidas, la primera un 70% del monto total. El proceso de selección utilizado, de excepción por proveedor único, es ahora cuestionado por la Contraloría y las direcciones de Presupuesto y Compras y Contrataciones, convirtiéndose en el contrato de la discordia, que se encuentra en los tribunales, según reveló este lunes El Informe con Alicia Ortega.

Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, aseguró que ha sido un proceso traumático pues el Inafocam intentó en primera instancia solicitar una transferencia para el proveedor mediante un mecanismo al margen de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

“La Contraloría, en su rol de control interno, consulta a la Dirección de Compras y Contrataciones con relación a ese primer contrato y nosotros determinamos que estaba al margen de la ley y que se intentó hacer una contratación directa y recomendamos al Inafocam que para procesos de esa naturaleza lo debía hacer en el marco de la Ley 340”, aseguró el funcionario.

Dicho proceso fue cancelado el pasado 8 de abril y tres días más tarde PTS envió al Inafocam un recurso de impugnación en el que solicitaba “reconsiderar la cancelación (…) debido a que los argumentos presentados son inválidos”. El 18 de abril, la institución respondió diciendo que “luego de reunirse el comité de compras” confirmaba “su decisión”.

Sin embargo, otra comunicación del 3 de mayo, firmada por el entonces director jurídico de Inafocam, Miguel Elías Suárez Pérez, dice que el Inafocam “ha reevaluado la decisión (…) luego que, en la reunión del Comité de Compras, de fecha 27 de abril de 2022” en la que se “tomó la decisión de acoger la revisión solicitada por Valdez Professional Training Systems”.

Pese a que el Inafocam decidió mantener el proceso, realizó otro contrato de excepción por proveedor único con la misma empresa y para el mismo programa.

El 21 de septiembre, el destituido director, Saturnino Silva Jorge y Juan Valdez, gerente de Valdez Professional Training Systems, firmaron el contrato bajo la modalidad de Proceso de Excepción por Proveedor Único. Dicho contrato es ahora cuestionado por las autoridades de Contraloría, Presupuesto y Compras y Contrataciones.

“Cuando leemos el informe que hace Inafocam para tratar de justificar lo de proveedor único, no hay dos palabras juntas que justifiquen la contratación de un proveedor único”, aseguró Pimentel a El Informe. Sin embargo, Valdez dijo que todas las universidades e institutos que trabajan para el Inafocam nunca han licitado.

“Las instituciones formadoras llevamos una propuesta formativa, esa propuesta formativa es evaluada y debe cumplir con los 10 criterios de diseño de la propuesta y con los estándares para la mejora de la formación docente continua. Si tu propuesta formativa cumple con eso el Inafocam la aprueba y a partir de esto es que te contrata”, manifestó a la periodista Alicia Ortega.

Entre los puntos que llaman la atención del contrato están, según las autoridades, que no existe ningún informe o estudio de mercado que justifique la apropiación presupuestaria por el monto de 598 millones de pesos.

“El contrato tiene tres meses de vigencia, quiere decir que el Estado Dominicano iba a hacer un pago para un servicio que se iba a agotar en tres meses e íbamos a estar pagando 600 millones” sostuvo Pimentel.

Extrañamente en el punto 4.1 del pliego de condiciones, correspondiente a los criterios de adjudicación, dice que “será decidida a favor del oferente Valdez Professional Training SRL, cuya propuesta cumple con los requisitos exigidos conforme a lo establecido en el informe de Justificación del proceso de Excepción por Proveedor Único.”

Pimentel también aseguró que el contrato establece unas cláusulas que pueden ser prorrogables y con modificaciones contractuales de hasta un 50% del acuerdo, lo que está reñido con la ley.

“Como institución no redactamos el contrato, el contrato lo redactó el Estado Dominicano y no creo que haya ningún contrato que le permita al proveedor aumentar unilateralmente el monto de un pago”, dijo Valdez.

Pese a que aún no se ha registrado el contrato, PTS ha presentado por lo menos tres facturas: una del 13 de diciembre de 2021 por RD$149,298,290, una segunda por el mismo monto con fecha del 3 de enero de este año y una tercera del 28 de febrero, ascendente a RD$268,736,922.

Una segunda cancelación del proceso de excepción bajo la modalidad de proveedor único se produjo el 11 de noviembre, hace poco más de un mes.

El documento, firmado por Suárez Pérez, el mismo jurídico que en abril estaba de acuerdo con la revisión que exigía PTS, esta vez dijo que “Inicia el procedimiento administrativo para la rescisión del contrato” estableciendo entre los considerandos que “el departamento financiero ha modificado la disponibilidad de fondos y lo ha redirigido para cubrir el programa nacional de inducción docentes, respondiendo a una necesidad de esta institución”.

Juan Valdez dijo que hará valer en los tribunales los derechos que tiene sobre el contrato firmado con el Inafocam y ya sometió ante el Tribunal Superior Administrativo al Contralor de la República, Catalino Correa Hiciano.

“Este programa y se ha ido ejecutando desde noviembre de 2021 hasta final del año escolar pasado” aseguro Valdez, añadiendo que hará valer en los tribunales los derechos que tiene sobre el contrato firmado con el Inafocam. Sometió ante el Tribunal Superior Administrativo al Contralor de la República, Catalino Correa Hiciano y la primera audiencia está fijada para este próximo viernes.

About Author