Por Virgilio López Azuán

Los cambios provocan rupturas de modelos y paradigmas, crean resistencias y emergencias en cualquier aspecto del desarrollo humano. Para asumir los cambios deben crearse actos de conciencia crítica que reorienten las futuras decisiones.

Trazar escenarios posibles basados en categorías y variables del contexto social, económico, político y cultural, ayuda de buena manera ser asertivo. En este caso, para el cambio, realizar otras miradas al desarrollo de la educación superior supone enjuiciar, suprimir y modificar formas de gestión consideradas inadecuadas y poco útiles en el presente.

Espacios de educación

Eso pasó cuando en Europa se diseñó el Espacio Europeo de Educación Superior –EEES-, donde más de 30 países de ese continente —atendiendo al modelo político de regionalización y globalización— decidieron crear una visión de una nueva educación en las universidades.

La Declaración de Bolonia en 1999 fue el inicio para “promocionar la movilidad y la complejidad de los ciudadanos europeos mediante la armonización de los sistemas de educación superior en los países pertenecientes a la Unión Europea –UE-”. Hubo procesos de convergencia y reforzamiento de la enseñanza.

Sus objetivos se extendieron a la restructuración de la enseñanza, un sistema de créditos y calificaciones comunes, la eliminación de obstáculos para la circulación de estudiantes, investigadores, profesores y personal administrativo; los programas de movilidad y formación conjunta, y el cambio de un modelo de aprendizaje basado en competencias a lo largo de la vida.

Se tomaron en cuenta algunas prioridades dentro de las cuales podemos nombrar: la adaptación del desarrollo de capacidades en la educación superior a las necesidades de trabajo, incrementar la eficacia, la inclusión y la capacidad de innovación. Aunque se han presentado retos institucionales todavía no superados, desafíos de tipo cultural, político y económico han tenido que ser estratégicamente tratados.

En el caso de América Latina y el Caribe, las universidades impactadas por el modelo global, por la economía de mercado que venía tomando cuerpo en las últimas décadas, promovieron el concepto universidad-empresa, donde el egresado debe responder a necesidades laborales.

Ofrecer carreras en las áreas de negocios, tecnología y servicios, tomaron auge, mientras que las ciencias y las humanidades quedaron rezagadas. Al mismo tiempo, se apuesta a la privatización de la educación superior, impulsadas por las concentraciones de privilegios a empresarios ligados al sector, la falta de la aplicación de políticas públicas que estimulen el desarrollo de las academias —donde se incluyan sectores de escaso acceso a la educación superior— y la falta de confianza desde el Estado en las Instituciones de formación.

La experiencia en República Dominicana

En la República Dominicana, en los últimos 25 años se han registrado avances en el acceso y promoción de estudiantes en las universidades; mejoras en las infraestructuras, formación del profesorado; procesos de institucionalización y gestión en sentido general.

Dentro de estas iniciativas para el desarrollo, caben ser nombradas el Plan Decenal de Educación Superior 2008-2018, donde se presta atención a la modernización en el campo de la información y la comunicación; las políticas de inserción nacional e internacional de la educación dominicana a la sociedad del conocimiento y la economía global.

Se establecieron programas para la modernización de las estructuras en la educación superior y de plataformas de servicios digitales, programa nacional de emprendurismo, de formación docente, la Evaluación quinquenal de la calidad de las instituciones de educación superior y los planes de mejoras.

Una experiencia de acceso a la carrera de Educación

El espíritu de reformas, de suprimir prácticas educativas tradicionales, no solo es una decisión del –EEES-, sino que tiene un carácter global. Se trató el tema de la estandarización de la educación, que un egresado de una universidad dominicana, por ejemplo, debía tener competencias similares a los de los países del “primer mundo”, que todo profesional sea evaluado con el mismo rigor a pesar de las distancias culturales, científicas, económicas y políticas de los países.

Esto sencillamente no dejó de ser un ideal, pero algunas prácticas revelan hechos que forman parte de ese plan. Al evaluar a los estudiantes egresados del bachillerato dominicano para tener acceso a cursar estudios de la carrera de Educación, se les aplicaron varias pruebas, entre ellas la PAA (College Board), las cuales revelaron resultados desastrosos, un porcentaje mínimo de estudiantes pudieron superarla, desnudando muchas de las debilidades de la educación de pregrado en la República Dominicana.

Por supuesto, esto pudo haber obedecido a políticas de estado donde colateralmente se reducía el acceso a esa carrera por la superpoblación de egresados que no podían ser asimilados por el sistema educativo. A penas se disponían de 3 a 4 mil plazas anuales y las universidades, a nivel nacional, contaban con más de 70 mil estudiantes de Educación.

La PAA se empezó a emplear en América Latina en el año 1964, en el 2017 en Puerto Rico y fue exportada a la República Dominicana. Es una prueba que evalúa las habilidades y conocimientos de los estudiantes, que revela indicadores importantes para el éxito en las carreras universitarias que se emprenden.

Esta es una buena razón para su aplicación, pero debieron generarse acciones de aprestamientos en el estudiantado y evitar las frustraciones. Ya en el país se habían iniciado procesos de selección para el ingreso en las áreas de ingeniería y medicina con impactos menores. Prácticamente, muchas universidades cerraron las escuelas de Educación por falta de estudiantes, y el presente gobierno, después de varios años, suprimió los requisitos de ingreso y todas tienen sus carreras abiertas.

Taxativamente expreso, sin lugar a dudas, que el ingreso a las carreras en las universidades debe ser regulado, sujeto a la aplicación de políticas del desarrollo educativo que inicie en el pregrado. La decisión de aplicar pruebas como la PAA no fue incorrecta, respondiendo a mandatos de políticas globales y acuerdos nacionales para mejoría de la calidad de la educación en todas las áreas, niveles y modalidades.

Un empuje transformador

En el período del 2004 al 2012, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología –Mescyt-, bajo la conducción de la maestra Ligia Amada Melo experimentó un salto cualitativo y cuantitativo, estableciendo programas para mejorar la calidad de la educación superior, como política pública desde el Estado, que incluyen el establecimiento y ampliación de las becas para estudios en universidades extranjeras en el 3er y 4to nivel de formación, el amplio programa de capacitación en Inglés por Inmersión, los fondos para la investigación, el plan decenal y los planes de mejora de las universidades. Si bien es cierto que algunos de estos programas han continuado, como el otorgamiento de becas nacionales e internacionales, el programa de inglés por Inmersión,  otros han sido echados al olvido.

Ahora bien, ya el mundo no es igual que 15 o 20 años atrás, son otros los desafíos de la educación pública y privada en sentido general, y en particular, la universitaria.

Los efectos de la pandemia de la covid-19 llegaron hasta las universidades a escala global. En el caso dominicano, estas academias no estaban preparadas para tal situación. No existían experiencias instaladas para el servicio de la educación a distancia, como expresé, salvo honrosas excepciones.

Pero el sentido de resiliencia permitió que se establecieran emergencias para salvar los periodos de docencia. Aún queda por evaluar, de manera científica y creíble, en qué afectó al proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto de pregrado, grado y postgrado, este tipo de experiencia. Pero no caben dudas que, en su momento, las acciones del Mescyt en el período antes nombrado, y la pandemia, provocaron en las universidades un empuje transformador.

Lo pendiente es el cambio

En las últimas dos décadas, junto con la experiencia pospandemia covid-19, los avances científicos y tecnológicos, se han generado nuevos retos y desafíos que deben enfrentarse desde el Estado y el sector privado.

El marco legal actual, la inserción y las prácticas para una nueva educación superior deben repensarse y establecer otros como prioritarios: el de cualificaciones, movilidad estudiantil, investigación, formación del profesorado, métodos de enseñanza y aprendizaje, incentivo a las ciencias, humanidades, y todo lo relativo a las nuevas tecnologías de robótica e inteligencia artificial en su amplio espectro.

Por ejemplo, ya los laboratorios de las universidades en las áreas de Enfermería y Medicina deben contar con el apoyo de la robótica e inteligencias artificiales para sus prácticas. Existen decenas de plataformas que ofrecen servicios de prácticas en entornos virtuales, robots inteligentes que simulan ataques cardíacos donde el estudiante puede adquirir las experiencias necesarias propias del contexto educativo que ofrecen las altas tecnologías.

Desde la Presidencia de la República recientemente se informó que para agosto de este año 2023 el país contará con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para introducir mejoras y generar eficiencias a nivel productivo, creando nuevas capacidades para el abordaje del desarrollo.

En ese marco, las universidades deben participar de la estrategia, no ser entes pasivos; receptores solo de los beneficios del plan, sino que sean también gestores de esas nuevas prácticas de interés científico, que asuman roles de formación, implementación y veeduría en el campo ético.

Es por ello que las instituciones de educación superior, incluyendo el organismo rector del Estado y las instituciones sociales, asociaciones, fundaciones y sectores empresariales y expertos que les sirven de marco, deben pensar en las necesidades de cambios. Lo pendiente es el cambio. El autor es escritor y educador

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