PUCMM debate los mandatos de la nueva Ley de DNI
La universidad PUCMM organizó un encuentro para arrojar luz al interés que ha generado en diversos sectores de la sociedad, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Santo Domingo. La Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró un conversatorio académico con especialistas sobre la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en la que cuatro abogados y una periodista criticaron duramente la pieza legislativa.
Aquí se cuestionó desde la forma como fue aprobada la pieza por el Congreso Nacional, las amplias atribuciones que se le otorga al órgano de inteligencia y las ambigüedades jurídicas, hasta la ausencia de requisitos mínimos para quienes sean designados por el presidente de la República, a dirigir un órgano de esta naturaleza.
El conversatorio lo integraron la periodista y conductora del programa El Día, Edith Febles; los abogados especialistas en Derecho Constitucional, Ricardo Rojas León y Francisco Franco y el abogado especializado en Derecho Procesal Penal, Francisco Álvarez Martínez. La moderación estuvo a cargo de Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
“Hoy tenemos una ley que aparentaría ser necesaria, porque hay un mandato constitucional que dice que la ley debe existir. Pero no es la ley que necesitamos, ni mucho menos la ley que la Constitución pensaba que íbamos a tener”, dijo Francisco Álvarez Martínez, al hacer mención de artículos puntuales cuestionables, que son el 9, 11, 26 y 30.
El artículo 9 define las atribuciones de la DNI; el artículo 11 obliga a instituciones, empresas y personas a entregar información a la DNI sin la orden de un juez; el artículo 26 establece prisión de dos a tres años para quienes oculten información requerida por la DNI; y el artículo 30, explica lo siguiente: “La DNI podrá desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia sobre personas o entidades, para lo cual podrá recabar la colaboración precisa de entidades, organismos e instituciones públicas y privadas”.
“Si ustedes ligan los artículos 9, 11,26 y 30, el presidente de la República, por la naturaleza de la institución, tiene en sus manos un poder que en esta época y en esta región (Latinoamérica), que hemos visto unas situaciones políticas tan convulsas llama un poco la atención y pienso que no es saludable para el Estado de derecho”, enfatizó Álvarez Martínez.
Entre las atribuciones que describe la Ley para el DNI y su director (artículos 9 y 13 respectivamente), se establece que el órgano de inteligencia podrá cooperar con el Ministerio Público en asuntos de crimen organizado y corrupción administrativa. También indica que podrá investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que, entre otros escenarios, atente contra los intereses nacionales o instituciones del Estado y ponga en riesgo la seguridad nacional “sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público”.
“La Constitución encomienda directamente al Ministerio Público las persecuciones de las infracciones penales, eso es una obligación constitucional exclusiva del Ministerio Publico”, criticó el abogado constitucionalista Francisco Franco sobre estas atribuciones, y cuestionó que el documento aprobado no define términos de aplicación y peca de ambigua y discrecional, al no establecer casos específicos en los cuales se amerita realmente una intervención de la DNI.
La ley, incluso indica que el director de la DNI (artículo 13) será asesor del Presidente en materia de seguridad alimentaria, ambiental, de salud pública, energética, cibernética, económica y financiera. “Y cómo es que la DNI va a presentar planes y programas al presidente en materia económica o medioambiental, me parece que es una sobrecarga de funciones que corresponden a otros entes públicos”, se cuestionó el abogado constitucionalista Ricardo Rojas León.
“Evidentemente existen riesgos reales que pueden afectar la seguridad territorial y la seguridad nacional de la República Dominicana, pero me parece que hay otras atribuciones que nada tienen que ver con lo que debe ser un órgano de esta naturaleza”, apuntó Rojas León, quien además fue crítico en que la normativa 1-24 no establece requisitos o inhabilidad de ningún tipo para el director de la DNI, salvo el nombramiento por parte del presidente de la República.
La periodista Edith Febles, fue quien dio contexto de los eventos que se dieron dentro del Congreso para esta aprobación. Febles se detuvo a explicar que el artículo 11, que tanto ha sido cuestionado por la prensa dominicana, establecía claramente que las empresas, instituciones y personas estarían obligadas a dar información a la DNI, “previa autorización de un juez”. Sin embargo, esa pequeña frase de respaldo de un juez, fue posteriormente eliminada, sin discusión en pleno.
“Yo creo que tienen que recuperar el Congreso Nacional, como el espacio donde aquellas ideas se llevan, se pelean y se debaten”, concluyó Febles, en referencia directa al papel que desempeñaron los legisladores dominicanos frente a este proyecto, que luego de ley es que se ha cuestionado su contenido, sumándose abogados y medios en esta discusión.
About Author
